El proyecto de La Troncal de Los Andes, uno de los proyectos viales más esperados, discutidos y complejos de Sabana Centro, volvió al centro del debate público recientemente tras una serie de audiencias históricas convocadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) entre finales de noviembre y comienzos de diciembre de este año. Este corredor, diseñado para conectar directamente a Chía con la Autopista Norte a través de 3,4 kilómetros de doble calzada, lleva cerca de ocho años detenido debido a la identificación de un supuesto humedal en el trazado original, hecho que desencadenó una profunda revisión técnica, ambiental y social.
Sin embargo, La discusión se reactivó el pasado 30 de noviembre, cuando la ANLA instaló una audiencia pública en el Auditorio Álvaro del Portillo de la Universidad de La Sabana, una jornada que se extendió por más de nueve horas ininterrumpidas y que registró una asistencia masiva sin precedentes. Más de 600 personas acudieron de manera presencial, mientras que otros cientos siguieron la transmisión a través de YouTube, Microsoft Teams y el portal institucional de la entidad, alcanzando un total de 1.009 participantes entre las modalidades física y digital.
El ambiente reflejó la expectativa de miles de habitantes de la región, quienes ven en este corredor una pieza fundamental para aliviar la congestión vial que hoy en dia afecta diariamente a municipios como Chía, Cajicá, Cota, Sopó, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá, así como a los viajeros habituales hacia y desde Bogotá. Actualmente, los tiempos de desplazamiento entre Chía y la capital pueden oscilar entre 35 y 90 minutos, un escenario que las autoridades locales califican como un “colapso vial”.
La Troncal de Los Andes tiene una historia que se remonta a 2016, cuando el Gobierno Nacional adjudicó la ampliación de los accesos norte de Bogotá a la Promesa Sociedad Futura Acceso Norte de Bogotá S.A.S. El paquete incluía compromisos como la ampliación de la Autopista Norte, la construcción de la doble calzada por la Carrera Séptima y el desarrollo de la Troncal de Los Andes, todo ello con una inversión superior a los 450.000 millones de pesos.
La construcción del corredor inició en 2019 bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y avanzó rápidamente durante sus primeros meses. Para 2020, el proyecto alcanzaba un 54 % de ejecución, con varios tramos completados y estructuras iniciales levantadas, incluidas secciones de los puentes que cruzarían el río Bogotá.
Sin embargo, el proceso se frenó abruptamente cuando se identificó la presencia de un cuerpo de agua con características de humedal en más de dos kilómetros del trazado, específicamente en un sector conocido como La Veguita, considerado por algunos como el último ecosistema de este tipo con funciones ecológicas relevantes en el municipio. Este hallazgo obligó a evaluar si el diseño debía modificarse o si existían alternativas de intervención que evitaran impactos ambientales irreversibles.
Desde entonces, las discusiones entre la ANI, la CAR de Cundinamarca, la Gobernación y la Alcaldía de Chía no han logrado un consenso definitivo para volver a reactivar la obra. En 2021, la CAR concluyó que el cuerpo de agua no podía clasificarse como humedal, aunque si definió que se debían implementarse medidas especiales de protección. En 2023, la ANLA solicitó al concesionario modificar la licencia ambiental para ajustar el trazado y así evitar conflictos ambientales, proceso que lastimosamente hasta la fecha aún continúa abierto y a la espera de los nuevos estudios que permitan reanudar las obras.
¿Revivió la Construcción de La Troncal de Los Andes? Obra que aliviaría congestión entre Bogotá-Chia
La audiencia del 30 de noviembre reunió a una amplia gama de actores: comunidades rurales, Juntas de Acción Comunal, veedurías ambientales, expertos, académicos, representantes políticos, delegados de entidades de control como la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal de Chía. En total, se registraron 111 intervenciones formales, además de 30 solicitudes de intervención anónima, una de las cuales debió ser remitida a la Defensoría del Pueblo por la naturaleza de su queja.
A pesar del fuerte respaldo ciudadano y del liderazgo institucional, la Troncal de Los Andes sigue en un punto muerto. Mientras la comunidad pide soluciones definitivas, la obra permanece inconclusa: de los 3,4 kilómetros proyectados, aún faltan 2,3 kilómetros por construir. Además, de que Varias estructuras ya levantadas no pueden utilizarse, lo que subraya el costo social y económico de la parálisis.
El futuro del corredor dependerá ahora del análisis que realice la ANLA con base en todo el material recopilado, incluyendo documentos técnicos, observaciones ciudadanas, estudios ambientales y propuestas del concesionario. La decisión definirá si se aprueba la modificación de la licencia, si se exigen nuevos ajustes al diseño o si se requiere replantear completamente el trazado para evitar la zona ecosistémica en disputa.
Al cierre de la audiencia, declarada oficialmente concluida a las 5:54 p. m., quedó explícita la magnitud del desafío: destrabar un proyecto que ha enfrentado tensiones entre movilidad, sostenibilidad ambiental, diseño técnico y disputas jurídicas durante casi una década.
Mientras avanza la revisión final, los habitantes de Chía y del norte de Bogotá permanecen atentos a un desenlace que podría reactivar una obra considerada estratégica para el desarrollo regional. La Troncal de Los Andes no solo representa un alivio para la congestión diaria, sino también un símbolo de la capacidad institucional para resolver conflictos complejos en territorios con crecimiento acelerado.
De aprobarse la licencia ambiental modificada, la obra podría entrar en una nueva fase que permita recuperar el tiempo perdido. Pero si la decisión exige nuevas modificaciones profundas, el proyecto deberá enfrentar de nuevo un ciclo técnico y ambiental que prolongaría la espera que ya supera los ocho años.
Por ahora, la región aguarda una resolución que podría definir el futuro de la movilidad en Sabana Centro y marcar el destino de una de las obras más debatidas de la última década en Cundinamarca.