El Juzgado Administrativo de Bogotá decidió inadmitir la acción popular presentada por la concejal Quena María Ribadeneira y la edilesa de Teusaquillo, Mónica Naar Pardo, en la que solicitaban frenar el contrato de arrendamiento que habilita la operación del nuevo centro cultural Vive Claro, ubicado en los lotes 15 y 16 del Parque Metropolitano Simón Bolívar. El fallo señala que la demanda carece de pruebas suficientes y no precisa de manera concreta las afectaciones alegadas, por lo que concedió un plazo de tres días para que las demandantes aclaren y complementen la información, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 472 de 1998.
El contrato cuestionado fue firmado el 28 de noviembre de 2023 entre Ocesa Colombia S.A.S. y la Beneficencia de Cundinamarca, otorgando el uso exclusivo de 249.000 metros cuadrados durante cinco años, con un canon mensual de $361 millones. El predio, delimitado por la calle 53, la calle 26 y la carrera 60, está destinado a la realización de espectáculos masivos y construcción de estructuras temporales, con capacidad para 40.000 personas en su zona general y 5.800 en el pabellón cubierto.
Las demandantes argumentan que el acuerdo fue suscrito sin un proceso de licitación pública ni la conformación de una asociación público-privada, lo que, según ellas, contraviene la Ley 80 de 1993 y la Ley 1508 de 2012. También critican cláusulas que consideran ventajosas para Ocesa, como el derecho preferente de renovación, la exención de pagos durante la fase de adecuación y la ausencia de un proceso abierto que permitiera la participación de otros interesados.
La acción popular busca además vincular a 13 entidades públicas, incluyendo la Alcaldía de Bogotá, la Procuraduría General, la Contraloría General y la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de suspender y dar por terminado el contrato, además de exigir ajustes en la gestión contractual de la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia, de acuerdo con las normativas vigentes.
El juzgado determinó que la demanda no detalla el daño concreto a los derechos colectivos que se pretende proteger. Aunque menciona aspectos como la moralidad administrativa, la libre competencia, la seguridad y la planificación urbana, no ofrece explicaciones específicas ni evidencia de un perjuicio directo a la comunidad.
Otra observación clave fue que, antes de presentar la demanda, Ribadeneira y Naar solicitaron la terminación del contrato a las entidades competentes, pero no respetaron el plazo legal de 15 días para recibir respuesta, por lo que no era posible establecer que existiera una negativa o renuencia por parte de las instituciones. Además, no se acreditó la existencia de un daño inminente y grave que justificara omitir pasos procesales.
En el auto de inadmisión, el tribunal advirtió que, con el fin de evitar un “desgaste innecesario” de la administración de justicia y garantizar el acceso a la misma, se otorgará un plazo de tres días para subsanar las falencias, bajo advertencia de que, de no cumplirse, la demanda podría ser rechazada de forma definitiva.
Mientras tanto, el proyecto Vive Claro avanza hacia su inauguración con todos sus componentes. El primer evento que estuvo programado para el 27 de julio se realizo solo con la gramilla, sin embargo ahora viene seguido de una agenda de conciertos que incluye artistas internacionales como Green Day, Shakira, Imagine Dragons, My Chemical Romance, Kendrick Lamar y Guns N’ Roses. Según Ocesa, el 75 % del espacio corresponde a áreas verdes y solo se endurecerán seis hectáreas de las 24 disponibles, en cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial. La Secretaría de Ambiente descartó que el terreno sea un humedal, aunque recomendó preservar la conectividad ambiental de la zona.
Como parte de las acciones de sostenibilidad, clubes de fans de varios artistas realizaron una siembra simbólica de árboles antes de la apertura, en un acto que los organizadores presentaron como muestra del compromiso ambiental. Sin embargo, residentes y colectivos ambientalistas continúan expresando su preocupación por el uso del terreno y las posibles afectaciones ecológicas.
Ruth, directora de Vive Claro, defendió el proyecto afirmando que el predio “estuvo abandonado más de 50 años” y que ahora se convertirá en un escenario inclusivo para la cultura y el disfrute ciudadano.
La admisión final de la demanda dependerá de que las demandantes logren subsanar las deficiencias señaladas y aporten pruebas que sustenten sus denuncias. Hasta entonces, la apertura del recinto y su programación continúan en medio de un debate que involucra temas de transparencia contractual, uso del espacio público y preservación ambiental en Bogotá.
