Pese a los años de inestabilidad política que han marcado la vida institucional del país y a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, Perú atraviesa uno de los períodos más dinámicos en materia de infraestructura. Actualmente se ejecutan y proyectan iniciativas que superan los US$ 44.400 millones en inversiones, orientadas a modernizar aeropuertos, puertos, sistemas de transporte urbano y carreteras, además de incursiones en el ámbito aeroespacial. Estos proyectos buscan no solo cerrar la histórica brecha de infraestructura, sino también transformar la economía, mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo regional.
Uno de los hitos más destacados es la inauguración del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, el pasado 31 de mayo de 2025. Tras varias postergaciones y controversias, la obra finalmente reemplazó al antiguo terminal en funcionamiento desde los años 60. Con una inversión aproximada de US$ 2.000 millones, el nuevo aeropuerto cuenta con infraestructura moderna y tecnologías de última generación que lo posicionan como un centro estratégico en la región, tanto para el turismo como para los negocios.
En paralelo, la expansión portuaria avanza con fuerza. El megapuerto de Chancay, ubicado a 75 km al norte de Lima, se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos. Con una inversión inicial de US$ 1.300 millones por parte de Cosco Shipping Ports y Volcan Compañía Minera, busca convertir a Perú en un nodo logístico clave del Pacífico Sur. Su desarrollo, vinculado a la “Nueva Ruta de la Seda” impulsada por China, permitirá optimizar la llegada y salida de mercancías, fortaleciendo el comercio exterior y la atracción de nuevas inversiones.
El avance peruano en infraestructura también alcanza el campo aeroespacial. Un acuerdo entre la NASA y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) permitirá el lanzamiento de cohetes sonda desde Punta Lobos, en Pucusana. Según la agencia Andina, la elección del territorio peruano responde a su ubicación en el ecuador magnético y al rol estratégico del Radio Observatorio de Jicamarca, factores que le otorgan ventajas competitivas en investigaciones científicas.
En el norte del país, el Gobierno Regional de Lambayeque autorizó la habilitación técnica temporal del Terminal Portuario de Lambayeque en Puerto Etén, una obra estimada en US$ 560 millones que busca dinamizar la economía del norte y nororiente del Perú. El proyecto contempla la compra de 3.000 hectáreas para desarrollar un parque industrial y zonas de procesamiento, con el fin de diversificar las oportunidades en agroindustria, minería y comercio exterior. Además, se plantea una ruta logística que conecte la región con Brasil, China e India mediante una hidrovía amazónica y vías terrestres.
En transporte urbano, el Metro de Lima y Callao se convierte en una de las apuestas más trascendentales. La Línea 2, el primer tren subterráneo del país, registra un avance del 66,7% e involucra 54 frentes de trabajo con una inversión de US$ 5.000 millones. La Línea 3, completamente subterránea y con 34,8 km de extensión, será adjudicada en 2026 y se espera que entre en operación entre 2033 y 2034. La Línea 4, por su parte, busca reforzar la conectividad entre diversos puntos de la capital, reduciendo significativamente los tiempos de viaje.
Otra obra de impacto nacional es la Nueva Carretera Central, cuya inversión asciende a US$ 49.600 millones. El proyecto, previsto para iniciar a finales de 2025, beneficiará a más de 10 millones de peruanos, reduciendo tiempos de traslado entre Lima y la sierra central, además de fortalecer la integración regional y el comercio interno.
Estos desarrollos contrastan con la fragilidad política del país, que desde 2016 ha tenido seis presidentes, cinco de los cuales no culminaron su mandato. La actual presidenta Dina Boluarte, con una desaprobación del 97%, ha insistido en la necesidad de dar continuidad a los proyectos para asegurar beneficios sostenibles.
Según el analista político Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, los proyectos de infraestructura gozan de mayor estabilidad que la política debido a la magnitud de la brecha estimada en US$ 200.000 millones, equivalente al 65% del PIB anual peruano. Esta cifra refleja necesidades en carreteras, puentes, ferrocarriles, hospitales, obras de irrigación y presas. Además, Benavente destacó que las obras ofrecen rédito político y en muchos casos han estado marcadas por episodios de corrupción, como el escándalo de la Carretera Interoceánica Sur, que involucró pagos ilícitos de hasta US$ 35 millones al expresidente Alejandro Toledo.
En el plano económico, Perú cuenta con condiciones favorables: cerró 2024 con una deuda pública de apenas 32,7% del PIB, una de las más bajas de América Latina, acompañado de un superávit en la balanza de pagos y un incremento sostenido en la recaudación fiscal. Estos factores brindan recursos para sostener las inversiones, aunque la falta de transparencia y los retrasos en la ejecución continúan siendo desafíos recurrentes.
De acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad, existen 8.805 proyectos de infraestructura en ejecución con retrasos promedio de 671 días, cifra superior al promedio de 595 días registrado en 2024. Expertos señalan que la clave no es solo identificar las causas de las demoras, sino aplicar mejores prácticas de planificación, control permanente y cronogramas realistas que permitan mitigar riesgos operativos.
Ante este escenario, el futuro de los megaproyectos peruanos dependerá en gran medida de la capacidad de los próximos gobiernos para garantizar su continuidad y asegurar una gestión eficiente. Lo cierto es que, más allá de la inestabilidad política, Perú ha logrado consolidar un ambicioso portafolio de infraestructura que redefine su papel en la región y proyecta al país hacia nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.
