El Tren de Cercanías del Valle del Cauca, uno de los proyectos de movilidad más estratégicos para el suroccidente colombiano, atravesara una semana crucial para su futuro. La región espera que antes del viernes 7 de noviembre, último día hábil antes de que entre en vigor la Ley de Garantías Electorales, el Gobierno Nacional firme el convenio de cofinanciación que permita garantizar la participación de la Nación en un 70% de los recursos requeridos para su construcción. Si ese compromiso no se cumple en el plazo previsto, el proyecto podría enfrentar un retraso de hasta tres años, poniendo en riesgo una iniciativa que lleva más de una década de planificación y gestión y que busca transformar la movilidad en los municipios de Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo.
El Tren de Cercanías no es un simple plan de infraestructura, sino una apuesta regional por la movilidad sostenible y la integración metropolitana. Está concebido como una solución moderna que beneficiará a más de un millón de personas que diariamente se desplazan entre estos municipios por motivos de trabajo, educación, salud o recreación. Según los estudios técnicos, el sistema reducirá los tiempos de viaje en un 33%, evitará 2.900 accidentes de tránsito al año, disminuirá en 1,2 millones de toneladas las emisiones anuales de CO₂, y generará más de 14.000 empleos directos e indirectos. Además, atenderá a cerca de 150.000 pasajeros diarios, convirtiéndose en el eje estructural de la movilidad regional del Valle.
Sin embargo, la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Gobierno Nacional ha generado profunda preocupación entre los gremios, autoridades locales y ciudadanía. El 30% de la financiación, que corresponde a los aportes de los municipios y del Departamento del Valle del Cauca, ya se encuentra garantizado. Falta, no obstante, el 70% restante, que depende del aporte de la Nación, y cuya firma del convenio se había anunciado oficialmente semanas atrás.
La inquietud se ha intensificado a medida que se acerca la fecha límite impuesta por la Ley de Garantías, que entrará en vigor el 8 de noviembre e impedirá la firma de nuevos convenios públicos hasta pasado el periodo electoral. La situación preocupa profundamente a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, al alcalde de Cali, Alejandro Éder, a los gremios empresariales, a los congresistas del departamento y a las cámaras de comercio regionales, quienes han advertido que si no se logra el acuerdo antes de esta fecha, los trámites administrativos se aplazarían hasta por dos o tres años, generando un retroceso en los avances técnicos, económicos y sociales alcanzados hasta el momento.
El pasado 30 de octubre, más de 40 delegados de empresas, gremios y organizaciones sociales se reunieron con los congresistas Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, Christian Garcés y Luis Alberto Albán, para reiterar la urgencia de que el Gobierno Nacional honre su compromiso. Durante el encuentro, celebrado en la Cámara de Comercio de Cali, los gremios hicieron un llamado a la unión regional con la frase: “Que sea una causa compartida, una decisión que trascienda partidos y gobiernos”, y recordaron la consigna que se ha vuelto emblema de esta lucha: “¡Que no se nos vaya el tren!”.
El futuro del Tren de Cercanías del Valle del Cauca se Define esta Misma Semana
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, había prometido el pasado 15 de septiembre que el proyecto se encontraba en su fase técnica final y que “en las próximas semanas recibiría la aprobación del Conpes, lo que permitiría avanzar hacia la firma, en octubre, del convenio de cofinanciación entre la Nación y los gobiernos territoriales”. Sin embargo, octubre finalizó sin que dicho documento fuera firmado, lo que ha incrementado la incertidumbre en el departamento. Desde el Gobierno Nacional, no se han emitido pronunciamientos ni del Ministerio de Transporte ni de la Presidencia de la República, encabezada por Gustavo Petro, pese a los reiterados llamados de autoridades y gremios regionales.
El Concejo de Cali también se ha sumado a los esfuerzos por mantener vivo el proyecto. El pasado 31 de octubre, la corporación inició el estudio del Proyecto de Acuerdo 071, mediante el cual el alcalde Alejandro Éder solicita autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales por 1,7 billones de pesos, destinados a financiar el primer tramo del tren, comprendido entre Cali y Jamundí, de 23,6 kilómetros. Este tramo es el primero de los cuatro que compondrán los 73,4 kilómetros totales del sistema férreo.
El presidente del Concejo, Édison Lucumí, y la vicepresidenta, Tania Fernández, fueron designados como ponentes del proyecto, que actualmente se estudia en la Comisión de Presupuesto. Lucumí explicó que esta es una iniciativa de enorme relevancia financiera para la ciudad, pues su ejecución representará un compromiso a largo plazo, con vigencias futuras entre 2026 y 2039. Los aportes iniciarán con 142.796 millones de pesos en 2026 y 313.684 millones en 2027, con ajustes anuales según lo estipulado en el convenio de cofinanciación. Fernández, por su parte, invitó a la comunidad y a todos los sectores interesados a participar en la jornada de participación ciudadana programada para el 5 de noviembre, donde se recibirán comentarios, ponencias y observaciones sobre el proyecto de acuerdo.
En la primera sesión de análisis del proyecto, los departamentos de Jurídica y Planeación de la Alcaldía de Cali presentaron los soportes legales y técnicos que sustentan la iniciativa, los cuales pueden ser consultados en la página oficial del Concejo para quienes deseen participar o inscribirse en el libro de participación ciudadana disponible en la Secretaría de Presupuesto.
Los gremios, por su parte, reiteraron que respaldar el Tren de Cercanías del Valle “es creer en una región que aporta cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que ha demostrado que, cuando trabaja unida y con rigor técnico, puede transformar su futuro y el de sus comunidades”. Añadieron que el tren no solo conectará municipios, sino que “unirá vidas”, al reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la seguridad vial y contribuir significativamente a la sostenibilidad ambiental.
Pero si el Gobierno Nacional no firma el convenio a tiempo, los efectos podrían ser devastadores. Según explicó María Fernanda Santa, directora de la seccional Suroccidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, “se perderían las vigencias de todos los estudios, diseños y estructuración del proyecto, que han representado una inversión superior a 34.000 millones de pesos y más de tres años de trabajo especializado. Además, se desactualizarían los estudios de demanda, lo que obligaría a invertir nuevamente 12.000 millones y extender los tiempos de ejecución por al menos dos meses adicionales”.
La campaña “Que no se nos vaya el tren”, impulsada por los gremios y la ciudadanía, busca precisamente evitar que esto ocurra. En redes sociales, medios y foros empresariales, se ha convertido en un símbolo de unidad regional. Bajo esta consigna, los vallecaucanos insisten en que el proyecto no puede ser víctima de la indiferencia ni del centralismo, y que su desarrollo no debe depender de coyunturas políticas o electorales.
El Tren de Cercanías del Valle no es una iniciativa improvisada. Es el resultado de más de diez años de trabajo continuo, con el acompañamiento técnico y financiero de gobiernos extranjeros, la participación de expertos nacionales y la voluntad de los sectores público y privado. La región ya hizo su parte: estructuró el proyecto, garantizó los recursos locales, adelantó los estudios de factibilidad y estableció los acuerdos interinstitucionales necesarios. Ahora, el avance depende de que la Nación cumpla el compromiso de aportar el 70% de la cofinanciación.
Desde los diferentes sectores se insiste en que el presidente Gustavo Petro debe honrar la palabra empeñada con el Valle del Cauca y con los municipios beneficiados. Los vallecaucanos no piden privilegios, sino el cumplimiento de un acuerdo formalmente anunciado y públicamente respaldado por el propio Gobierno. La falta de acción en este punto podría poner en riesgo no solo el Tren de Cercanías, sino también la confianza institucional y el progreso de una región que ha demostrado reiteradamente su capacidad de gestión y cooperación.
La situación, además, no se presenta de manera aislada. El departamento ha enfrentado dificultades similares con otros proyectos estratégicos, como la vía Mulaló–Loboguerrero o la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura, obras que siguen esperando los recursos o la aprobación final del Gobierno central. Este contexto refuerza el sentimiento de frustración de los vallecaucanos, quienes consideran que el desarrollo regional no debería depender de la fluctuante atención del poder central.
Así, el 8 de noviembre se ha convertido en una fecha simbólica y decisiva. Ese día marcará si el Valle del Cauca logra finalmente consolidar un sueño de más de una década o si deberá seguir esperando a que el progreso llegue en un tren que no termina de partir. Los recursos locales están listos, los estudios aprobados, los gremios unidos y la ciudadanía expectante. Solo falta un paso: que la Nación firme el convenio que permitirá que el Tren de Cercanías del Valle del Cauca pase de los planos a los rieles.
El reloj avanza y el destino del Tren de Cercanías se define en cuestión de días. Su realización no solo representaría un hito en la movilidad del suroccidente colombiano, sino también un símbolo del compromiso del Estado con una región que ha demostrado que cuando el Valle trabaja unido, el país entero avanza.
