En un hecho de gran relevancia para la movilidad sostenible de Colombia, el Gobierno nacional y el Distrito Capital firmaron el 31 de octubre un acuerdo de cofinanciación por 1,5 billones de pesos destinado a la adquisición de una flota de buses eléctricos que fortalecerá el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá, incluyendo su extensión hacia el municipio de Soacha. Este convenio, resultado de varios meses de negociaciones y trámites, no solo consolida la llegada de 269 buses biarticulados y articulados duales eléctricos —los primeros de su tipo en el mundo—, sino que también garantiza la continuidad financiera de los megaproyectos más importantes de la capital: las líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá y la troncal de la Calle 13.
El anuncio oficial se dio en el marco del Día Mundial de las Ciudades 2025, un evento internacional del cual Bogotá fue anfitriona y que reunió durante dos días a líderes internacionales, empresarios, académicos, organizaciones y representantes de la sociedad civil, con el propósito de compartir estrategias y experiencias orientadas hacia la construcción de ciudades más sostenibles, justas y centradas en las personas. En este contexto, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó la trascendencia del acuerdo, subrayando que representa un beneficio directo tanto para la ciudad como para el país. “Esta es la primera vez que se abre la puerta para garantizar que tengamos recursos de la Nación que nos permitan contar con una flota eléctrica nueva, un paso clave hacia la movilidad limpia que Bogotá necesita”, afirmó el mandatario distrital, quien también confirmó que la cofinanciación se extenderá desde 2027 hasta 2040.
De acuerdo con los términos del convenio, el Gobierno nacional aportará el 62,4 % de los recursos, equivalente a 938.000 millones de pesos, mientras que el Distrito Capital asumirá el 37,6 %, correspondiente a 564.000 millones de pesos. La inversión total de 1,5 billones de pesos se ejecutará mediante un convenio de cofinanciación suscrito entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Distrito Capital, a través de la empresa TRANSMILENIO S.A.. Este esquema de cooperación marca un precedente en el país, ya que es la primera vez que la Nación destina recursos directamente a la compra de una flota eléctrica, compromiso incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro como parte de la estrategia de transición energética.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, celebró el acuerdo destacando su impacto ambiental y estructural. “Estamos impulsando la descarbonización del transporte público más grande del país y demostrando que la transición energética es una realidad en Colombia”, afirmó. En línea con esta visión, la gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, explicó que los nuevos vehículos —únicos en su tipo— podrán operar tanto en las troncales como en el tráfico mixto, lo que permitirá implementar nuevas rutas y servicios que faciliten los desplazamientos de los bogotanos. Los buses contarán con capacidad para 160 pasajeros y estarán equipados con torniquetes especiales diseñados para reducir la evasión del pago del pasaje, especialmente durante la operación en superficie y a nivel de calle, sin afectar la rapidez en el abordaje.
El proyecto de la flota eléctrica ha tenido un amplio recorrido institucional. Desde el 17 de octubre, el Gobierno nacional había anunciado la autorización de recursos para apoyar su compra. No obstante, su ejecución dependía de una serie de trámites administrativos y financieros, entre ellos la aprobación de vigencias futuras que permitan comprometer presupuestos de años siguientes como respaldo a la adquisición. Esta gestión fue finalmente concretada antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, prevista para el 8 de noviembre, la cual restringirá la firma de nuevos convenios de cofinanciación durante el periodo electoral.
El acuerdo también contempla la electrificación del patio Calle Sexta, la instalación de infraestructura de recarga y la implementación de sistemas inteligentes de gestión y control de flota, con el objetivo de optimizar la operación del sistema y consolidar la sostenibilidad ambiental del transporte público. Desde el Ministerio de Transporte se indicó que esta iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno con la movilidad limpia, contribuyendo de manera significativa a la reducción de las emisiones contaminantes.
Paralelamente, este anuncio coincide con el lanzamiento de la primera planta de producción de buses eléctricos en Colombia, un proyecto que surge de la alianza entre HINO (Japón), BYD (China) y Superpolo (Colombia). Este nuevo complejo industrial tiene como objetivo impulsar el ensamble local de buses eléctricos, posicionando al país como un referente regional en movilidad eléctrica en América Latina y el Caribe. Desde el Gobierno nacional se indicó que también se impulsarán nuevas vigencias futuras destinadas a financiar la sustitución de buses a gasolina o diésel por eléctricos en los sistemas de transporte masivo de otras ciudades del país.
Con este acuerdo, Bogotá se encamina a consolidar la flota biarticulada eléctrica más grande de Latinoamérica, marcando un punto de inflexión en la historia del transporte urbano colombiano. La integración de esta nueva flota no solo modernizará el servicio de TransMilenio y el SITP, sino que también reducirá significativamente la huella de carbono de la ciudad, aportando a los objetivos globales de sostenibilidad y a las metas del Plan de Acción Climática de Bogotá.
Bogotá Garantiza la Financiación del Metro, la Flota Eléctrica Y la Calle 13
Más allá de la compra de la flota, el convenio representa un paso estratégico para asegurar la estabilidad financiera de las líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá. El alcalde Galán detalló que la reprogramación de las vigencias futuras permitirá reducir la presión de caja del Gobierno nacional en el corto plazo, garantizando al mismo tiempo la continuidad de los proyectos. Según el comunicado oficial de la Alcaldía, la Línea 1 del Metro requerirá en 2026 una inversión superior a 5,2 billones de pesos para cubrir los compromisos de obra, y los ajustes presupuestales realizados no afectarán este flujo de recursos.
En cuanto a la Línea 2, el acuerdo extiende las vigencias futuras nacionales y distritales hasta 2054, adaptándolas a las condiciones del proceso licitatorio y al cronograma del contrato de concesión. Para la Línea 1, los pagos se extenderán hasta 2049, lo que garantiza una planeación financiera sostenible a largo plazo. En el caso de la troncal de la Calle 13, la reprogramación permitirá que los recursos fluyan de manera consistente con el avance del proyecto, optimizando la distribución de los fondos públicos sin comprometer los cronogramas establecidos.
Este esquema de reprogramación, hace parte del acuerdo alcanzado entre la Nación y el Distrito en ese mismo mes, mediante el cual se reorganizan los giros de 2025 hacia los años siguientes, extendiendo los compromisos de pago y garantizando la estabilidad presupuestal de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la capital.
El experto en movilidad Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana, calificó este acuerdo como “un gana-gana para la Nación y para el Distrito”. Según su análisis, la medida no solo impulsa un nuevo proyecto de descarbonización del transporte y refuerza la incorporación de flota eléctrica al SITP, sino que también alivia la presión fiscal de corto plazo, al aplazar pagos que estaban programados para 2025 e inicios de 2026. Hidalgo añadió que “no se pone en riesgo el desarrollo de los proyectos de transporte masivo en marcha, ya que la Línea 1 del Metro cuenta con créditos suficientes para cumplir las obligaciones de pago al concesionario en los próximos meses”.
Cabe recordar que el proyecto había generado controversia en abril de 2025, luego de un cruce de declaraciones entre el Gobierno nacional y la administración distrital a través de redes sociales, en torno al avance del convenio para la compra de los buses eléctricos destinados a Bogotá y Soacha. Sin embargo, con la firma del acuerdo, ambas partes lograron resolver las diferencias y consolidar una hoja de ruta común que prioriza la sostenibilidad, la modernización del sistema y la optimización de los recursos públicos.
La alianza entre la Nación y el Distrito no solo representa un avance técnico y financiero, sino también un compromiso conjunto por el futuro de la movilidad del país. Con la llegada de esta flota eléctrica y la garantía de los proyectos del Metro, Bogotá se consolida como un modelo de ciudad resiliente, sostenible y visionaria, preparada para enfrentar los desafíos del siglo XXI con una política pública orientada al bienestar ciudadano, la eficiencia energética y la protección del medio ambiente.
