El Estado peruano enfrenta uno de los episodios más costosos y controvertidos de su política reciente de infraestructura tras quedar obligado a pagar cerca de 100 millones de dólares al consorcio Kuntur Wasi como resultado de un laudo arbitral internacional vinculado al frustrado proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en la región Cusco. La decisión, conocida públicamente en los últimos días de 2025, no solo implica un fuerte impacto fiscal, sino que reabre el debate sobre la forma en que se adjudican, modifican y resuelven los contratos de concesión de obras estratégicas en el país.
El monto que deberá desembolsar el Estado incluye no solo las inversiones realizadas por el concesionario, sino también intereses y costos adicionales, beneficiando a una empresa cuya participación en el proyecto estuvo rodeada de cuestionamientos desde el inicio. La concesión fue adjudicada en 2014 al consorcio Kuntur Wasi, vinculado a Aeropuertos Andinos, en un contexto marcado por dudas técnicas y financieras sobre la capacidad real del operador para ejecutar una obra de la magnitud y complejidad que exigía un aeropuerto internacional en una zona de alta sensibilidad turística y geográfica como Cusco.
Desde la etapa inicial, la propuesta económica presentada por el consorcio implicaba costos elevados y supuestos financieros considerados poco realistas por diversos sectores especializados, lo que generó escepticismo tanto en el ámbito político como en el técnico. Estas dudas se confirmaron cuando Kuntur Wasi no logró reunir los recursos necesarios para avanzar con la obra conforme a lo establecido en el contrato original, lo que llevó al Estado a adoptar una decisión que marcaría el rumbo del proyecto.
Ante la falta de financiamiento privado, el Estado peruano suscribió una adenda contractual que comprometía recursos públicos para respaldar financieramente al concesionario. Esta modificación fue interpretada por múltiples analistas como un giro sustancial en las condiciones de la concesión, trasladando riesgos que originalmente correspondían al privado hacia el sector público. La adenda desencadenó investigaciones judiciales y severas críticas, al considerarse un presunto favorecimiento indebido a la empresa. Entre los funcionarios investigados figuró el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quien posteriormente sería presidente de la República.
Tanto la Contraloría General de la República como la Fiscalía de la Nación iniciaron indagaciones para determinar la legalidad y responsabilidad de las decisiones adoptadas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los procesos no lograron esclarecer plenamente las responsabilidades administrativas y políticas, dejando una sensación de impunidad y vacíos institucionales en uno de los proyectos más emblemáticos de la agenda aeroportuaria del país.
Finalmente, el contrato de concesión fue resuelto de manera unilateral por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), decisión que, lejos de cerrar el conflicto, abrió un nuevo frente de alto riesgo para el Estado. Tras la rescisión, el proyecto del aeropuerto de Chinchero fue reencauzado bajo un esquema de cooperación Gobierno a Gobierno (G2G) con Corea del Sur, buscando asegurar mayor control público y estándares técnicos más robustos. No obstante, Kuntur Wasi inició un arbitraje internacional, alegando incumplimientos contractuales por parte del Estado peruano.
El resultado del proceso arbitral fue desfavorable para el país. El tribunal determinó que el Estado debía indemnizar al concesionario por los montos invertidos, además de intereses y otros gastos asociados. Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelaron que la defensa del Estado no participó activamente en etapas clave del arbitraje, una omisión que habría debilitado seriamente la posición peruana frente a las pretensiones del consorcio. A ello se sumó la ausencia de objeciones durante la fase de ejecución del laudo, dejando al Estado en una situación de indefensión jurídica.
Como consecuencia directa, Kuntur Wasi recibirá una suma cercana a los 100 millones de dólares sin haber culminado la construcción del aeropuerto, un hecho que ha generado fuertes críticas en la opinión pública y en sectores especializados en infraestructura y gestión pública. El caso se suma a una serie de antecedentes que cuestionan la eficacia de los mecanismos de supervisión y sanción en las concesiones aeroportuarias. En particular, se recuerda que Aeropuertos Andinos, empresa vinculada al consorcio, tampoco concretó inversiones significativas en el segundo grupo de terminales concesionados, pese a los compromisos asumidos contractualmente.
En el escenario actual, el Estado peruano busca reactivar la inversión privada a través de un nuevo paquete de concesiones, que incluye nuevamente al aeropuerto de Chinchero. Sin embargo, los antecedentes de este caso han despertado preocupación entre potenciales inversionistas, quienes observan con cautela la inestabilidad contractual, la debilidad en la defensa del Estado y la ausencia de sanciones claras frente a presuntos favorecimientos irregulares.
Las críticas se intensificaron en las últimas semanas de 2025, cuando el MTC designó como representante del Estado en la controversia con Kuntur Wasi a un funcionario que había participado en la cuestionada adenda, y nombró como directora general de aeronáutica civil a una exfuncionaria de Aeropuertos Andinos, según registros publicados en el diario oficial. Estas decisiones coincidieron temporalmente con la disposición del pago millonario, reforzando la percepción de patrones reiterados en la gestión de grandes proyectos de infraestructura, similares a los observados en otros casos bajo investigación, como el del hospital de Moquegua durante la administración de Martín Vizcarra.
De esta manera, el gobierno transitorio enfrenta crecientes exigencias de transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos, especialmente en el sector Transportes, que maneja uno de los mayores presupuestos del país. La secuencia de decisiones que favorecieron a Kuntur Wasi, sumada a la falta de esclarecimiento judicial y a los elevados costos fiscales, mantiene la atención pública sobre la forma en que el Perú adjudica, gestiona y resuelve los contratos de infraestructura estratégica, un desafío pendiente para recuperar la confianza ciudadana e institucional en futuros megaproyectos.
