La Alcaldía de Medellín anunció este miércoles el inicio oficial de la fase de construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados, un proyecto estratégico que se desarrollará en el corregimiento de San Cristóbal y que busca aliviar el crítico hacinamiento en las estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI) de la ciudad.
La obra representa una inversión cercana a los $675.000 millones y tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad. Este proyecto marca un hito en Colombia, al convertirse en la primera cárcel construida bajo el modelo de alianza público-privada (APP), en el que un privado financia, construye y administra, garantizando estándares de calidad, seguridad y operación.
El alcalde Federico Gutiérrez destacó la trascendencia de la iniciativa al señalar que se trata de una infraestructura penitenciaria con especificaciones inéditas en el país: “Este es el mejor y el primer centro penitenciario definido por alianza público privada en Colombia, con condiciones de seguridad como inhibidores de señal para evitar que los sindicados continúen delinquiendo desde su interior, además de espacios para educación, salud, talleres productivos, bibliotecas y programas de resocialización”.
Actualmente, la obra se encuentra en un 3% de avance, con movimientos de tierra ya en ejecución. Según el cronograma, el proyecto deberá estar finalizado en marzo de 2027 y en abril del mismo año se prevé la llegada de los primeros internos trasladados desde las estaciones de policía, donde hoy se registra una situación de hacinamiento crítico.
Un proyecto en medio de controversias
El inicio de este megaproyecto se produce tras varios años de controversias administrativas y jurídicas. En diciembre de 2023, la anterior administración firmó el acta de inicio a escasos días de culminar su mandato, lo que generó cuestionamientos por presuntas irregularidades. Según denunció el entonces director de la Agencia APP, Germán Schäfer Elejalde, se había modificado el contrato para permitir la ejecución sin contar con interventoría, requisito legal indispensable en contratos de esta magnitud, cuyo valor inicial ascendía a $675.013 millones. Este hecho quedó bajo investigación de la Procuraduría.
La adjudicación también estuvo marcada por la polémica, pues la firma mexicana Prodemex, a través de su filial Carmet Medellín S.A.S., fue la única oferente. Esta compañía ya había enfrentado cuestionamientos en México por presuntos sobrecostos en la operación de cárceles, en las que el Estado llegó a pagar “precios de hotel cinco estrellas” por la reclusión de los internos. Para subsanar las falencias, la actual administración suspendió el proceso hasta que se garantizara la interventoría, la cual finalmente fue adjudicada el 13 de marzo de 2024, con la participación de tres oferentes.
El drama del hacinamiento en Medellín
La urgencia de la construcción se explica en las alarmantes cifras de sobrepoblación carcelaria en la ciudad. Según datos de la Alcaldía, el hacinamiento en estaciones de policía supera el 180%, con capacidad para 778 personas y más de 2.000 detenidos actualmente recluidos en instalaciones no aptas.
Los ejemplos son dramáticos: en la estación Candelaria, con capacidad para 75 internos, se encuentran 309; en la Sijín, diseñada para 20 personas, permanecen 278; y en Laureles, con cupo para 30, se alojan más de 106. La Personería Distrital de Medellín alertó en mayo de 2024 que el hacinamiento alcanzaba niveles del 210%, con un caso extremo en la Sijín, donde había 357 detenidos en un espacio para 20, lo que representaba un 1.685% de sobrepoblación.
Las condiciones de estas detenciones transitorias, que en muchos casos superan las 36 horas máximas legales, constituyen graves violaciones a los derechos humanos y han sido objeto de múltiples advertencias judiciales y de organismos de control.
Fallos judiciales y deuda histórica
La construcción de esta cárcel responde directamente a una orden de la Corte Constitucional emitida en 2015 y ratificada por un tribunal en julio de 2019, que exigieron a la Alcaldía y al Estado la edificación de un centro metropolitano para sindicados con capacidad similar o superior a la de Pedregal, que debía estar finalizado antes de terminar 2022.
Aunque el nuevo establecimiento dispondrá de espacio para 1.339 reclusos, la Personería Distrital advirtió en diciembre que esta capacidad seguirá siendo insuficiente frente a la magnitud del hacinamiento, pues quedarían alrededor de 400 personas privadas de la libertad en condiciones irregulares en estaciones de policía.
El megaproyecto contempla además un impacto positivo en la economía y la comunidad. Se espera la generación de hasta 500 empleos locales en el pico de construcción y la destinación de $1.000 millones en compensaciones sociales para obras en San Cristóbal. En materia ambiental, se implementará una gestión rigurosa con tala controlada, compensación de 15,75 hectáreas y rescate de fauna y flora nativa.
Para la actual administración, este proyecto representa no solo el cumplimiento de una obligación judicial, sino también una medida clave dentro de la estrategia de seguridad ciudadana. El alcalde Federico Gutiérrez afirmó: “Podemos hablar con hechos reales de cómo solucionar en gran parte el hacinamiento de estaciones de policía y cárceles frente a sindicados. Este es un esfuerzo por la seguridad de todos y, por supuesto, por garantizar condiciones dignas a quienes están detenidos. A San Cristóbal no solo llega la cárcel, también llega la inversión social”.
