En la zona norte de Cartagena, sobre la estratégica vía al mar que conecta la capital de Bolívar con Barranquilla, se levanta —a medio camino entre la promesa y la incertidumbre— el proyecto Volare Mare, concebido como una isla artificial con salida directa al mar y presentado en su momento como una apuesta capaz de redefinir el estándar inmobiliario del Caribe colombiano. Inspirado en desarrollos de lujo como los de Dubái, el complejo aspiraba a convertirse en una especie de “Dubái en Cartagena”, dirigido a estratos 5, 6 y 7, combinando vivienda y oferta turística en un enclave exclusivo en el corregimiento de Punta Canoa.
Sin embargo, al iniciar 2026, el proyecto completa 11 años envuelto en retrasos, tensiones financieras, etapas fallidas y reclamos de compradores que aún no ven ni sus apartamentos ni la devolución plena de los recursos invertidos. El más reciente informe periódico del Fideicomiso, con corte al 31 de enero de 2026, al que tuvo acceso el diario el Tiempo, se expone con cifras y advertencias técnicas la compleja realidad de una iniciativa que hoy sobrevive en medio de fuertes cuestionamientos.
Desde su lanzamiento, Volare Mare fue presentado como un desarrollo inmobiliario sin precedentes en el Caribe colombiano. La idea de construir una isla artificial con urbanismo de alto estándar, torres residenciales y salida directa al mar generó un fuerte impacto en el mercado. La zona norte de Cartagena, especialmente el corredor hacia Barranquilla, ya mostraba señales de expansión urbana acelerada, por lo que el proyecto encontró un terreno fértil entre inversionistas que apostaban por la valorización futura.
En ese escenario, cientos de familias decidieron comprometer los ahorros de toda una vida. La narrativa comercial hablaba de innovación arquitectónica, exclusividad y respaldo fiduciario. No obstante, más de una década después, la materialización del sueño difiere considerablemente del plan original. El informe fiduciario revela un escenario dual. Por un lado, la Etapa I avanza lentamente en procesos de construcción y escrituración. Por otro, las Etapas 3, 4 y 5 fueron declaradas fallidas, obligando la devolución de recursos a los encargantes vinculados a esas fases.
¿Qué Paso con Volare Mare la Isla Artificial que Prometía ser el “Dubái del Caribe Colombiano”?
En términos prácticos, el megaproyecto de cinco etapas se redujo a la viabilidad incierta de sus dos primeras fases. La supervisión del caso se encuentra bajo la órbita de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que vigila el manejo fiduciario y financiero del patrimonio autónomo. Allí reposan los detalles técnicos que muestran un avance físico que no guarda proporción con el tiempo transcurrido.
Aunque las Etapas I y II cuentan con recursos liberados desde 2017 y 2018, respectivamente, la visita técnica realizada el 13 de enero de 2026 evidenció una variación casi imperceptible en el progreso de obra frente a cortes anteriores.
El balance es el siguiente:
Etapa I:
Giros acumulados por $53.797 millones, equivalentes al 49% del presupuesto proyectado.
Avance físico real: 50,07%.
Etapa II:
Giros por $23.321 millones, correspondientes al 29% del presupuesto.
Avance físico: apenas 22,69%.
El informe técnico es categórico: “El avance en obra sigue sin ser representativo por la magnitud del proyecto”. Los trabajos actuales en torres y urbanismo no generan variaciones sustanciales en los valores globales de construcción, lo que sugiere una ralentización estructural.
En consecuencia, aún queda por ejecutar aproximadamente el 50% de la Etapa I y cerca del 78% de la Etapa II, en un entorno financiero cada vez más exigente.
Si el diagnóstico de las dos primeras fases genera preocupación, la situación de las etapas restantes confirma la magnitud del problema. El Fideicomitente Constructor no logró acreditar el punto de equilibrio financiero requerido para las Etapas 3 y 5, lo que activó el proceso formal de devolución de recursos a los inversionistas vinculados a dichas fases. En cuanto a la Etapa 4, esta ni siquiera alcanzó la etapa de promoción comercial.
De esta manera, el proyecto que originalmente contemplaba cinco etapas quedó reducido en su alcance, dependiendo exclusivamente de la culminación exitosa de las dos primeras, en un mercado inmobiliario cartagenero que hoy demanda mayor solvencia, transparencia y garantías de ejecución.
El informe también detalla la situación crediticia del patrimonio autónomo. En octubre de 2022 se aprobó un crédito con Coltefinanciera S.A. por $20.000 millones. Sin embargo, al cierre de enero de 2026, la deuda a capital asciende a $24.815.827.692, producto de renegociaciones e intereses acumulados.
Lo que agrava la situación es que, del total aprobado, solo han ingresado efectivamente al fideicomiso $5.000 millones, cifra que resulta insuficiente frente a las necesidades de financiación para culminar la obra pendiente.
El incremento del pasivo sin un avance proporcional en construcción plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del proyecto y su capacidad de generar flujo de caja suficiente para completar lo iniciado.
En paralelo al análisis técnico y financiero, el componente humano revela una realidad más compleja. Una compradora afirma haber invertido en 2015 una cuota inicial de $120 millones, pero actualmente la fiduciaria reconoce $114 millones, sin que hasta la fecha haya recibido apartamento ni devolución efectiva.
Además, explica que, de la acción de grupo presentada por varios compradores, muy pocas personas han recuperado su dinero, incluyendo el caso de una mujer con un hijo gravemente enfermo, a quien le descontaron el 10% del valor invertido.
Algunos afectados recuerdan que durante los años de retraso se mencionó la llegada de supuestos inversionistas provenientes de China y Dubái, promesas que, según indican, nunca se materializaron.
En el frente jurídico-comercial, el panorama tampoco es alentador. Aunque el Reglamento de Propiedad Horizontal de la Etapa I se constituyó a finales de 2022, el proceso de escrituración avanza lentamente.
De las 576 unidades que conforman la primera fase, solo 113 unidades han sido escrituradas hasta el 31 de enero de 2026, lo que equivale al 19,6% del total proyectado. Actualmente, el foco se concentra en las unidades ubicadas en las calles 5A, 6A y 7A, mientras cientos de propietarios continúan a la espera de definiciones.
Ante el delicado estado financiero, la Fiduciaria Central S.A. ha reiterado que es la única entidad autorizada para recibir recursos destinados al proyecto. El informe advierte que cualquier dinero entregado directamente a Altium Desarrollo Inmobiliario S.A.S. podría no ser reconocido para efectos de escrituración, no ser devuelto en caso de desistimiento y afectar el flujo de caja de la obra.
Además, el documento establece que la fiduciaria se exime de responsabilidad frente a eventuales déficits de recursos para la construcción, trasladando la responsabilidad operativa y financiera a la constructora.
Mientras Altium Desarrollo Inmobiliario S.A.S. intenta reorganizar su personal administrativo y técnico tras el inicio de año, la incertidumbre persiste. Para cientos de compradores en Cartagena y en otras regiones del país, Volare Mare no es solo un proyecto inmobiliario: representa una inversión significativa, en muchos casos los ahorros de toda una vida.
Once años después de su lanzamiento, la isla artificial que prometía elevar el estándar arquitectónico del Caribe colombiano enfrenta su prueba más difícil. El desafío ya no es únicamente terminar lo que falta en obra, sino recuperar la confianza perdida y demostrar que aún puede completar, al menos, las dos etapas que siguen en pie.
De no lograrlo, Volare Mare podría quedar registrado como uno de los descalabros inmobiliarios más relevantes del Caribe colombiano en la última década, dejando lecciones profundas sobre planeación financiera, estructuración fiduciaria, control del riesgo y gobernanza en megaproyectos urbanos de alta complejidad.
